ENTRE LA DISTRIBUCIÓN Y EL EGOÍSMO

Observando los sucesos vividos recientemente en la legislatura bonaerense, ¿cómo no recordar aquellos intensos y movilizados días de 2008, cuando a lo largo y a lo ancho del país se discutían las retenciones móviles a la producción agropecuaria? ¿No fue una especie de déjà vu verlo al presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, amenazar con el dedo levantado? Y es que, como resulta evidente, la conexión de ambos escenarios lejos está de ser casual.

Tanto en aquel proyecto del gobierno nacional, finalmente derrotado por el trasnochado voto “no positivo”, como en la actual iniciativa del gobierno bonaerense, que impulsa una reforma impositiva a partir de una actualización de la valuación fiscal de la tierra, se juegan las mismas intenciones: gravar parte de las ganancias extraordinarias del sector rural, históricamente favorecido, para convertirlas en recursos del Estado, de manera que puedan ser utilizadas en beneficios de la mayoría. 
Es decir, al igual que el proyecto de retenciones móviles, la propuesta de la actualización fiscal de las tierras busca socializar por la vía impositiva una porción de la renta extraordinaria concentrada en los sectores rurales, la cual es favorecida por el contexto internacional, pero también por un tipo de cambio que el Estado, es decir, el conjunto de la sociedad, se esfuerza por mantener. 
Y claro, también al igual que en 2008, el conflicto pone al descubierto, entre otras cosas, el peso de la corporación agropecuaria, que no está acostumbrada a que le marquen la cancha ni que le toquen sus intereses, y entonces reacciona presionando nuevamente a la oposición para que se coloque detrás de sus filas y las sienta como propias. De esa manera, las distintas fuerzas opositoras de la provincia de Buenos Aires no otorgaron el quórum necesario para dar tratamiento al proyecto y la definición del mismo continúa en suspenso. 
Sin embargo, más allá de la victimización de los sectores rurales que denuncian una nueva arremetida en su contra, lo cierto es que detrás de este conflicto aparece como cuestión de fondo la necesidad de llevar adelante una reforma tributaria progresiva y estructural. Ello surge a partir de tomar conciencia que avanzar hacia niveles de mayor igualdad implica necesariamente alterar el sistema impositivo actual, donde de forma inversamente proporcional los que menos tienen son los que más aportan. Para decirlo de manera más clara, es imposible pensar en un escenario cualitativamente más equitativo si no es a partir de afectar la riqueza allí donde está más concentrada. Y sin lugar a dudas, el sector agropecuario ha sido uno de los más favorecidos en el último tiempo.
Pensar en la necesidad de una reforma tributaria profunda es resignificar al mismo tiempo el papel del Estado como el conductor de las estrategias de desarrollo del país, ya que supone modificar tanto la forma de recaudar como la manera de distribuir y a partir de allí poder alterar la matriz productiva nacional. Pero para ello, claro, será preciso construir un nivel de hegemonía suficientemente fuerte que permita hacer frente a la resistencia de los sectores concentrados que, como lo vienen demostrando hasta ahora, harán lo imposible por conservar sus históricas posiciones de privilegio.
La discusión de este proyecto plantea la posibilidad de crear, a partir de la aplicación de tributos progresivos, mayores niveles de justicia y de distribución. En ese sentido, ojalá que finalmente sea aprobado y se convierta en el puntapié inicial para una reforma a nivel nacional.  
* Centro Cultural de la 
Cooperación.